"Durante cuatro años nos han llevado hasta los tribunales para intentar desgastarnos y que desistiéramos de la investigación, pero al final ha salido la verdad". Así de tajante se muestra la periodista Ketty Garat tras conocerse que Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exministro de Transportes José Luis Ábalos por seis delitos en relación con la presunta obtención de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia.

"El informe de la UCO permite que sepamos que en 2015 ya se estaba preparando todo; tres años antes del asalto al poder", sentencia la periodista en relación con las informaciones reveladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúan en el entramado al exministro, al exasesor ministerial y al comisionista Víctor de Aldama.

El texto "señala a Santos Cerdán como el que movía el dinero y a Ábalos como el que amaña los contratos públicos", apunta. "Ahora se entienden algunas cosas, como la seguridad que tenía el propio Ábalos cuando creía que no le iban a pillar porque se había garantizado espacios de encapsulación de la información para que fueran otros los que hicieran la parte delictiva". Por tanto, añade Garat, "él no aparecía en el trazado de lo que era mover el dinero". Pero finalmente, "después de cuatro años de mentiras, la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos".

La periodista señala además que durante todos esos años ha habido "una cacería contra medios de comunicación" en la que ha habido "vejaciones, ofensivas personales e incluso judiciales" porque, según apunta, les han llevado "hasta los tribunales para intentar desgastarnos y que desistiéramos de la investigación (...) Al final ha acabado saliendo la verdad".

Aun así, Garat insiste en que el informe de la UCO "solo versa sobre una de las cuatro patas del banco", que es la referente a Servinabar y Acciona. Según la periodista, todavía "quedan más informes".

Ábalos, acusado de seis delitos

Los delitos por los que se acusa a Ábalos y Koldo García son seis: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, malversación y dos de tráfico de influencias. Al comisionista Aldama, que salió de prisión preventiva por otra causa tras prometer colaboración con la Fiscalía, se le atribuyen los dos primeros y uso de información privilegiada.

En un escrito presentado al Tribunal Supremo este miércoles, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, reclama 19 años y medio de prisión para el exasesor de Ábalos y siete años más una multa de 3,7 millones de euros para el considerado comisionista de la trama.